lunes, 2 de abril de 2012

¿Por qué mi enfado con la huelga general de UGT y CCOO?

En mi opinión, la representación sindical debería estar sometida a la voluntad de los trabajadores libremente expresada en cada empresa. El régimen actual, representación obligatoria, es una carga para la mayoría de trabajadores, que beneficia sólo a aquellos mejor colocados y, por supuesto, a los propios representantes sindicales. Los sindicatos mayoritarios están especialmente molestos con los aspectos menos espectaculares de la reforma como es el que, al menos en teoría, ya no tengan monopolio (junto con la patronal) para acceder a las subvenciones dedicadas a formar parados; o el que los ERE pasen a ser automáticos, lo que reduce su poder y con él su posibilidad de ganar todo tipo de compensaciones encubiertas; o que, al facilitar los convenios de empresa, la reforma aumenta la competencia entre empresas, pero a ellos les quita el monopolio del pasteleo de convenios estatales, sectoriales, etc, basándose en sus mayorías en las grandes empresas. Quizá también estén molestos con que la excepción que disfrutaban los sindicalistas de no perder su empleo en un ERE ahora se podrá extender a otros trabajadores. En principio, ya es discutible que los sindicalistas deban tener prioridad para permanecer en la empresa en casos de despido. La reforma permite extender esta prioridad a los trabajadores con cargas familiares, los mayores de cierta edad o las personas con discapacidad, pero sólo si así se establece en el convenio o en el acuerdo alcanzado durante el período de consultas. Será interesante comprobar si esos sindicatos utilizan, o no, este nuevo derecho. Los sindicatos mayoritarios se oponen a ésta y a cualquier reforma porque gozan de una situación de privilegio con la actual situación. Por eso, han bloqueado la reforma durante 40 años. Pese a ser muy poco representativos, se les ha tratado como representantes de los trabajadores; cuando en realidad sólo representan a los "colocados": los rentistas laborales que han tenido la suerte de conseguir un empleo retribuido por encima de lo que producen, generalmente en grandes empresas y en el sector público. Pese a ello, están presentes en todo tipo de foros (desde la negociación colectiva a numerosos organismos públicos) arrogándose una representatividad de la que de hecho carecen. Además de recibir todo tipo de subvenciones, obtienen un beneficio directo del sistema de formación de desempleados. Es más, incluso se benefician económicamente del proceso de ajuste ante la crisis, mediante las comisiones que cobran a los trabajadores para negociar las reestructuraciones y ERE. Y por si fuese poco todo esto, les pagamos millones y millones cada año con nuestros impuestos mediante los presupuestos generales del Estado, con lo que en el caso de todos los que estamos afiliados a otros sindicatos les estamos pagando a quienes nos acaban condenando a la miseria con su firma. Y con todo esto, ¿cómo justificar que con un día de huelga general que convoquen pretendan lavarse la cara los que el resto del año realizan las políticas sindicales que todos conocemos? Porque para luchar contra una reforma injusta o excesiva con un día de huelga general no es suficiente ni eficiente, y el haber estado callados durante años mientras se destruía empleo hasta llegar a los 5 millones tampoco…